La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica ante las declaraciones de la Sra Esperanza Aguirre cobre la supuesta necesidad de poner un copago a las recetas de los pensionistas, tiene que señalar:
1) El actual sistema de recetas se basa en la consideración de que los pensionistas son las personas con menos ingresos y con mas necesidades de salud (enfermedades y/o dependencia), de manera que son muy pocos los pensionistas que no toman medicación de manera habitual y frecuentemente suelen estar plurimedicados.
2) Las pensiones son muy bajas en España. La media es de 767 €, el 75% no supera los 1.000 € mensuales y las pensiones superiores a 1.500 € mes son menos del 1% del total y las superiores a 2.000€ no superan el 0,5% del total.
3) Los pensionistas habitualmente `presentan otras limitaciones (dependencia) que les suponen gastos muy significativos y ningún gran dependiente tiene suficiente con la pensión máxima para asegurar una atención adecuada y precisa de apoyos familiares.
4) Poner en marcha un sistema de copagos en relación con la cuantía de las pensiones obligaría a cambiar las tarjetas sanitarias de 8 millones de pensionistas y tendría por lo tanto unos costes elevados que hay que considerar. Estos costes serian mas elevados cuantas mas variables se quisieran tener en cuenta (renta, patrimonio, grado de enfermedad y de discapacidad, etc)
5) Existen otras medidas para el control del gasto farmacéutico como son un uso mas racional de los medicamentos, la mayor utilización de medicamentos genéricos, la financiación por grupos terapéuticos equivalentes, etc. Como ya hemos señalado reiteradamente si el gasto farmacéutico per capita fuera el del promedio de la OCDE se ahorrarían 5.000 millones € anuales.
6) Una última cuestión tiene que ver con el hecho de que el gobierno de la comunidad de Madrid carece de competencias sobre el establecimiento de copagos, también sobre las recetas de la seguridad social y que esta debería hacerse por el Gobierno central.
En resumen rechazamos esta medida porque penaliza a las personas con menos recursos y mas necesidades de salud y precisa unos gastos de gestión muy probablemente superiores a los potenciales ingresos.
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
16 de noviembre de 2011
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