Los casos de violencia laboral o mobbing en cualquier área del Estado municipal serán sancionados a partir de la sanción de la ordenanza que lo regula y que contempla la erradicación de esta problemática. En Río Negro hubo proyectos de leyes similares que no prosperaron.
La ordenanza contempla los conceptos de violencia laboral, maltrato físico y psíquico y social, acoso laboral, violencia de género y acoso sexual estableciendo que los empleados municipales que sean víctimas de estas situaciones tienen herramientas para denunciar a sus superiores.
Darío Rodríguez Duch (ARI) autor de la norma dijo que se prevén “violencias muy sutiles dentro de los ámbitos laborales que generan stress y casos hasta de internación de las víctimas” además de los casos de violencia física que podrían ser notorios.
El concejal promovió que “se deje de hablar de víctimas y se empiece a hablar de situación anómala que se puede solucionar a través de normativa. Esto hasta ahora se manejaba a través del estatuto del empleado municipal”, clarificó.
A partir de la promulgación de la ordenanza que tiene el respaldo del gremio SOYEM, el municipio deberá instaurar los mecanismos de prevención y erradicación de la violencia laboral en todas sus formas.
La intimidación amenaza, amedrentamiento, inequidad salarial, maltrato físico y psicológico, el daño moral, el cambio de ámbito laboral, la obligación de realizar tareas denigrantes u otros aspectos que se enmarcan en el concepto de violencia y serán controlados por la Municipalidad a través de la Dirección de Recursos Humanos.
Según la ordenanza el empleado afectado por alguna de las tipificaciones de mobbing debe realizar la denuncia ante el superior jerárquico del denunciado y la Dirección de Recursos Humanos o la Defensoría del Pueblo y la autoridad que reciba la denuncia debe dar inmediata intervención a la autoridad sumariante en 48 horas para disponer de medidas que resulten oportunas.
El procedimiento de investigación debe tener un carácter sumarísimo y garantizar la celeridad, confidencialidad y discrecionalidad de las acciones y como medida precautoria se puede solicitar el traslado del funcionario denunciado o suspensión hasta que se resuelva el sumario.
Los concejales decidieron quitar del proyecto original la creación de un registro unificado de casos de violencia laboral que tenía por objetivo elaborar estadísticas y ordenar políticas públicas destinadas a controlar y erradicar la violencia laboral en todas sus formas. Los ediles consideraron que no se debería estigmatizar.
Bariloche (ADN).-
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