Mujer, despedida al estar en tratamiento de quimioterapia por cancer

“Me parece un trato discriminatorio e injusto. Estoy en tratamiento de quimioterapia, y después viene la radioterapia. No me puedo dejar llevar por la enfermedad. Tengo que ser fuerte y luchar no por mí, sino por todos los que vengan”, dice.

“Que Dios te perdone el alma porque no tienes corazón”, le dijo la joven Rosa María López le lanzó a su exjefe, David Castellano, cuando se enteró de que la había despedido por “tener cáncer”. Pide su readmisión, pero el empresario alega motivos económicos.

“Tengo que sacar fuerzas. Esto no lo hago por mí, sino por todos los que puedan estar en la misma situación. El cáncer ya es una enfermedad que cambia tu vida, pero te puede hundir ver que, además, te quedas también sin trabajo”, denuncia la joven.
Rosa María López explica que trabajaba en un pub cuando recibió una oferta para ser la encargada de otro local que estaba a punto de abrir sus puertas. Aceptó con ilusión y, el 10 de octubre de 2010, comenzó en su nuevo puesto. “Yo no me sentía enferma, pero me detectaron un bulto en el pecho. Al mes comencé a sentir dolores en el brazo y el médico me dio de baja. Era octubre del año pasado. Primero fue por tendinitis, pero como estaba a la espera de una biopsia, después se detectó el cáncer y me tuve que operar, de forma urgente, el 2 de diciembre”, asegura Rosa María López, que detalla que el 7 de febrero recibió una carta de despido por burofax y que la empresa no le quiso facilitar los certificados.

“Me parece un trato discriminatorio e injusto. Estoy en tratamiento de quimioterapia, y después viene la radioterapia. No me puedo dejar llevar por la enfermedad. Tengo que ser fuerte y luchar no por mí, sino por todos los que vengan”, dice. Por eso, no hubo acuerdo en el acto de conciliación y ha denunciado su caso a la Inspección de Trabajo.  “Hablamos de un despido nulo y a mí me comenzó a dar ansiedad. Yo soy una persona alegre y optimista. Me siento muy arropada y en absoluto busco venganza, podría pedir daños y perjuicios y no lo hago. Solo quiero que esto sirva de ejemplo para otros y que no vuelva a pasar”, señala.

diariojaen.es / LR

La directora y el jefe de RRHH del Ayuntamiento de Santa Cruzde Tenerife (España), imputados por mobbing

El Juzgado de Instrucción número cuatro toma declaración a tres imputados por no tomar medidas en un presunto de caso de acoso laboral a una funcionaria de la Casa Municipal de la Mujer. Los delegados de prevención afirmaron que la directora de Recursos Humanos "se negó a aplicar" el protocolo de mobbing.

El Juzgado de Instrucción número cuatro ha iniciado la instrucción de un caso por presunta prevaricación y acoso laboral de los responsables de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a una funcionaria del Centro Municipal de la Mujer.

La semana pasada, la titular del Juzgado interrogó a la directora general de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Santa Cruz, Nieves Pérez Marichal, como imputada por un presunto caso de prevaricación y de mobbing a una trabajadora de la Casa Municipal de la Mujer.

Sobre este caso ya se pronunció en una sentencia el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número cuatro el 29 de abril de 2010, que dejó sin efecto una resolución administrativa que imponía a la demandante una comisión de servicios que ella no había pedido.

Todo comenzó en 2006, cuando salió a concurso una plaza de técnica responsable del Centro Municipal de la Mujer que había sido ocupada hasta entonces por una funcionaria interina. La sentencia da por probado que se produjo un "vaciamiento de funciones inherentes" al puesto de la funcionaria de carrera en favor de la interina.

La situación llegó a su punto álgido cuando por decreto "se decide dar a la funcionaria de carrera una comisión de servicios no pedida para atribuirle funciones temporales en otro servicio". Decreto que la sentencia obliga a dejar sin efecto, ya que la ley "prevé que las comisiones de servicio sean voluntarias y en este caso ha resultado impuesta a una funcionaria de carrera".

Sin embargo, según la denuncia presentada a la Fiscalía por la afectada, desde el mes de julio de 2007 se ha llevado a cabo "un vaciado progresivo" de las tareas de la funcionaria, que recayeron en la interina "que ocupaba la plaza" de la denunciante con anterioridad. "La presión psicológica derivada del mal ambiente de trabajo constituye un claro acoso moral", según establece la denuncia a la Fiscalía.

Por su parte, los delegados de prevención remitieron un informe a la Fiscalía en la que daban cuenta de los "tres informes-propuestas" en los que figura la presunta situación de acoso laboral sufrida por la funcionaria denunciante. Asimismo, también remitieron hasta tres actas del Comité de Seguridad e Higiene en las que figuraban las peticiones "obviadas por la presidenta y directora general del servicio de Recursos Humanos".

Subrayan que la tercera de estas actas corresponde a una sesión extraordinaria en la que los delegados de prevención ponen "en conocimiento de la administración la grave situación existente".

Sin embargo, también aseguraron que la directora general del servicio de Recursos Humanos "se ha negado a aplicar" el protocolo para la prevención y actuación frente al acoso laboral "por tener dudas sobre si debe ser sometido a aprobación por la Junta de Gobierno Local o por el Pleno del Ayuntamiento". Marichal "se negó a incoar un expediente reservado para delimitar presuntas responsabilidades, que supliera a su negativa de activar el protocolo citado, ejerciendo su voto de calidad al producirse un empate en la votación del órgano colegiado", según afirmaron los delegados de prevención en dicho informe.

Además, apostillaron que la funcionaria denunciante "vincula un recrudecimiento de su situación de acoso laboral al negarse a cambiar un informe técnico para una Mesa de Valoración que beneficiara a una empresa denominada Innova".

También dan parte de una serie de "registros indiscriminados en sus enseres personales" por parte de la vigilante de seguridad. Al parecer, tanto la denunciante como las dos personas que tenía a su cargo es requerida a la entrada y la salida para mostrar el contenido de su bolso.

"Los controles de presencia y registros realizados por la vigilante jurado del Palacete de Cobiella exceden con creces los de lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores y pudieran vulnerar disposiciones de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada".

"A fecha de hoy no nos consta que haya cesado la presunta situación de acoso laboral", apostillaron.

Uno de los delegado de prevención quiso hacer una declaración adicional en la que señalaba que la funcionaria supuestamente acosada estaba en tratamiento médico por depresión y que había incluso manifestado su intención de renunciar a su plaza.

Además de la directora general de Recursos Humanos, también están imputados María del Cristo Díaz Méndez, directora general de Planificación Ciudadana y Mujer, y Miguel Ángel García de León, jefe de Recursos Humanos.

Un juez abre diligencias a dos ediles del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid) por supuesto acoso laboral al jefe de Policía Local

·        El jefe de la policía de Alcorcón denuncia a parte del equipo de gobierno por coacciones

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Alcorcón, José Antonio Tejero Redondo, ha admitido a trámite la querella presentada por el jefe de la Policía Municipal Sergio Ruiz Platero contra el primer teniente de alcalde, Óscar Romera, y al concejal de Seguridad, Antonio Sayago.

El magistrado les ha imputado como presuntos autores de los delitos de acoso laboral, coacciones y prevaricación (dictar una orden a sabiendas de que es ilegal). Ambos ediles tendrán que declarar en las próximas fechas.

Platero presentó el pasado 12 de septiembre una denuncia contra los dos ediles del Ayuntamiento de Alcorcón (168.000 habitantes), gobernado por el PP, a los que acusa de acoso en el ámbito laboral y coacciones, según informaron fuentes judiciales. El mando -funcionario de carrera aprobada tras una oposición- se había reunido el día anterior con el primer teniente de alcalde, Óscar Romera, y el concejal de Seguridad, Antonio Sayago, y ambos le dijeron que se buscara un nuevo puesto o que en caso contrario le iban a echar, según las citadas fuentes.

Las relaciones entre el equipo de gobierno y el jefe de la Policía Local se deterioraron después de la denuncia. Fuentes del PP acusaron al mando de desobedecer las instrucciones de cómo debe dirigir el servicio. Aunque el primer teniente de alcalde negó que el equipo de gobierno hubiera perdido la confianza en el jefe de policía, fuentes municipales aseguraron que la denuncia había mermado la relación con el equipo de gobierno y rechazaron que estuviera al frente de una institución tan importante una persona tan conflictiva.

El mando fue expedientado por tres faltas graves. El equipo de gobierno le acusó de falta de coordinación y de falta de respeto hacia un inspector del Cuerpo Nacional de Policía, de abuso de atribuciones y de falta de colaboración con la Policía Nacional y de uso de armas sin causas justificadas durante los disturbios de las fiestas patronales de ese mes de septiembre.

Más de un centenar de personas que se concentraron después ante el Ayuntamiento para protestar por esta suspensión y protagonizaron una prolongada y fuerte pitada contra el alcalde de la localidad, David Pérez (PP) y los integrantes del gobierno local.

Ya antes de que fuera expedientado la Unión de Jefes de Policía Local (UNIJEPOL) mostró suapoyo incondicional a Platero -secretario regional de dicha asociación-, después de la denuncia efectuada por este.

Agentes de la Intervención de Armas de la Guardia Civil registraron en esa misma época la sede de la Policía Municipal de Alcorcón tras recibir una petición del Ayuntamiento de la localidad para que inspeccionara todas las armas que estaban en estas dependencias. Fuentes del Consistorio aseguraron que se trataba de una "reunión rutinaria", pero fuentes de la Guardia Civil lo desmintieron y constataron que era una petición expresa del Ayuntamiento.

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